De entrar al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), Uruguay deberá adaptar la normativa a nivel nacional sobre las empresas estatales para poder coincidir con las estrictas cláusulas que propone el tratado, donde se marca especialmente las trabas que estas empresas significan para el libre comercio.
El Gobierno formalizó, a principios de diciembre, sus intenciones de ingresar al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, con la presentación del documento por parte del canciller Francisco Bustillo al ministro de Comercio y Crecimiento de las Exportaciones y responsable de Industrias Primarias de Nueva Zelanda, Damien O’Connor.
Luego de entregarle el documento formal, Bustillo conversó con O’Connor sobre el procedimiento que deberá seguir el país para que la solicitud sea considerada, algo que implicará cambios legales internos para Uruguay, así como un largo tiempo de espera.
Entre ellos se verían afectadas las empresas estatales que, según el acuerdo, juegan un rol fundamental en la economía de un país y por eso creen importante que no se le den “ventajas injustas” ya que afectan al libre comercio y a las inversiones.
El texto especifica que los recursos que se logran en esas actividades monopólicas no pueden ser utilizados para la actividad económica de esas empresas y señala que se deberán realizar cambios en la normativa a nivel nacional, lo que requerirá un debate correspondiente en el gobierno.
El acuerdo regula en especial a las empresas de telecomunicaciones, por lo que se vería la fijación de tarifas y la disposición sobre la flexibilidad en las elecciones de nuevas tecnologías.
Las empresas que se encuentran dentro de esta categoría son la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE), el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (Ancap) y el Banco de Seguros del Estado (BSE).
Sin embargo, la Universidad de Republica, la Universidad Católica del Uruguay, junto a la Universidad de Montevideo presentaron un informe que establece que Uruguay no se enfrentaría a grandes dificultades sino que deberá asumir cambios a nivel normativo que modifique la realidad de la economía uruguaya y la adecuen a las demandas estrictas del acuerdo