Un grupo de expertos de la ONU y referentes de los Derechos Humanos cuestionaron el accionar del Gobierno de Luis Lacalle Pou ante la crisis hídrica, luego de que recomendaran “disminuir el consumo de agua en los hogares”.
Según consideraron desde el organismo internacional «estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción».
«La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas», apuntaron en una carta divulgada el jueves.
Al mismo tiempo también cuestionaron la racionalización del agua al sostener que la idea de fomentar la utilización del agua embotellada crea un riesgo de «privatización de facto del agua».
Es válido recordar que la crisis aumenta, debido a que las reservas de la represa de Paso Severino, de donde se extrae el agua dulce para potabilizar y proveer de su consumo a Montevideo y el área metropolitana, registraron mínimos históricos a raíz de la falta de lluvias.
La sequía y la ausencia de políticas públicas llevó a que las autoridades tuvieran que completar el suministro bombeando agua del Río de la Plata con alta salinidad, lo que provocó el aumento de cloruros y sodio en el agua suministrada a la población, sobrepasando los máximos permitidos por la norma que define el agua potable.
En torno a la posibilidad de privatizar el agua ante el auge del embotellamiento, alertaron: «Las empresas, incluidas las empresas estatales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento y los estados tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al garantizar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias».
En esa línea, concluyeron que la recomendación de las autoridades de que la población consuma agua embotellada «crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua».