El Frente Amplio de Uruguay reclamó al Gobierno de Luis Lacalle Pou que repudie las “prácticas mafiosas” de “extorsión» contra los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que trascendiera que el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano recibió meses atrás el encargo de una empresa estadounidense de armar “fichas” con los datos de ambos legisladores opositores.
«Esperamos del presidente de la República un rechazo terminante a este tipo de prácticas que creíamos que en el Uruguay no iban a existir nunca más, creíamos que el espionaje en democracia era cuestión del pasado», destacó Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), en referencia a los chats del exjefe de custodia de Lacalle Pou en los que se habla de un presunto espionaje a los senadores Carrera y Bergara.
Además, el líder opositor puntualizó que el Poder Ejecutivo «tiene instrumentos para llevar adelante estas investigaciones».
Astesiano estuvo a cargo de la custodia del mandatario uruguayo hasta hace un par de meses, cuando fue detenido acusado de formar parte de una organización que fraguaba documentación para otorgar pasaportes a ciudadanos rusos.
Antes de su detención borró toda la información de su celular, pero la Policía Científica logró recuperar el 100% del contenido, inclusive varios intercambios que había tenido por WhatsApp, que se encuentran a disposición de la Fiscalía y algunos de los cuales trascendieron en la prensa local.
La información publicada ayer por el periódico montevideano La Diaria indica que una empresa de “seguridad e investigaciones” que opera desde Estados Unidos le encomendó el armado de “fichas” con “información personal” sobre los senadores Bergara y Carrera, según consta en uno de los chats de WhatsApp.
Un militar retirado uruguayo, que figura como gerente de la compañía, hizo el pedido dos semanas después de que ambos legisladores ampliaron la demanda penal ante la Fiscalía por la concesión del puerto a la empresa belga Katoen Natie.
“Los quieren atar para que retiren la denuncia” del puerto, le explicó en marzo el militar retirado a Astesiano para justificar el pedido. Cinco meses después, el jefe de la custodia presidencial recibió una transferencia de dinero de esa compañía, también interesada en la compra de dos patrulleros de la Armada.
Pero esa intención de «atar» a los legisladores para forzar el retiro de su denuncia fue superada por los hechos, ya que el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º Turno, Gilberto Rodríguez, archivó la causa penal por supuestas “irregularidades” en la firma del acuerdo entre el gobierno y la multinacional belga Katoen Natie, que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo.
La denuncia, que fue realizada por los senadores del Frente Amplio, afirmaba que existen elementos para acreditar “varios delitos contra el patrimonio público”.
Sin embargo, el fiscal Rodríguez desestimó la denuncia por entender que “la información agregada y la que pudiere obtenerse a esta altura de la instrucción no permite corroborar los extremos de la teoría del caso”.
Desde que comenzó la investigación judicial, la oposición apuntó como responsables al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al entonces ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Luis Alberto Heber, que estaba al frente de la cartera cuando se firmó el contrato, así como al subsecretario Juan José Olaizola.
En febrero, la coalición de izquierda amplió la denuncia aportando nuevos elementos, pero manteniendo el foco puesto en que Curbelo “ignoró” al directorio de la ANP al firmar el acuerdo.
La investigación penal que involucra a Astesiano a una red de falsificación de documentos tuvouna nueva ronda de declaraciones en Fiscalía. Fueron citados a declarar en calidad de testigos el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, para obtener información sobre el rol de Astesiano en la sede de Gobierno, sus funciones y sus accesos a los sistemas de seguridad, entre otras cosas, informó La Diaria.
En la declaración, Delgado remarcó que no recibió, ni nunca se le pidió que reciba, a ninguna empresa desde que comenzó esta administración.
Ante la prensa, el funcionario subrayó esta tarde que buscará «respetar» la «reserva» de la causa judicial que involucra al excustodio de Lacalle Pou.
«Lo primero que quiero aclarar, que lo declaré ante la fiscal (Gabriela) Fossati, es que nunca recibí a ninguna empresa solicitada por el señor Astesiano, ni coordinada por él», destacó a la salida de Fiscalía. Y remarcó: «Nunca me pidió recibir a ninguna empresa en más de las 1.500 audiencias que tuve en reuniones desde que se inició esta administración».
Delgado planteó que la causa tiene «dos componentes». El primero, en relación a los pasaportes falsos, cuya investigación «viene de 2013 a la fecha», por la que se imputó a varias personas, y aludió a Stefano Di Conza, excónsul uruguayo en Moscú.
El segundo elemento que nombró fueron las «influencias que supuestamente manejaba y cosas que eventualmente conseguía o no» para su beneficio, pero planteó que tiene «mucho trabajo» para determinar si esas supuestas influencias que decía tener Astesiano son ciertas o no.
«Está claro que en este caso hay una violación notoria del jefe de la custodia móvil del presidente a la confianza del presidente de la República, y a todos nosotros que nos generó una gran decepción», apuntó.
«Somos los principales interesados no solo en venir, colaborar, sino en que se aclare cuanto antes» el caso Astesiano, señaló.
Por su parte, en declaraciones a El País, Astesiano, quien está detenido en Punta del Este, afirmó que no le falló al presidente Lacalle Pou, insistió en que no tramitó ningún documento falso para el escribano Álvaro F. y el gestor ruso Alexey S., y negó haber incurrido en tráfico de influencias con jerarcas policiales.
«Yo no le mordí la mano al presidente; con esto me arruinaron la vida», agregó el excustodio.