La crisis hídrica en el país continúa y desde el Gobierno nacional que conduce Luis Lacalle Pou esperan que las lluvias entreguen soluciones inmediatas, mientras las reservas de agua potable escasean y los precios del agua envasada incrementan.
La vicepresidenta del Frente Amplio y bióloga, Verónica Piñeiro, alertó sobre el momento que atraviesa la población y cuestionó al oficialismo al sostener que “el Gobierno llegó tarde y mal a esta crisis”.
En declaraciones con La Política Online, la dirigente frenteamplista opinó: «Uruguay se encuentra por tercer año consecutivo con déficit hídrico pronunciado en el sudoeste del país y por eso tenemos problemas con las reservas de agua bruta para su potabilización».
Al mismo tiempo, remarcó que el ejecutivo “recién se hizo cargo del problema hace dos semanas”. «Estamos planteando que el gobierno llegó tarde y mal a esta crisis, en la zona metropolitana viven la mitad de la población y no tenemos agua potable”, enfatizó.
Piñeiro reclamó por “medidas claras” de parte del Gobierno e indicó que las propuestas hasta el momento “no abordan el problema de forma integral”. “No nos dieron información clara respecto al cloruro y el sodio en el agua cuando eso afectaba a las embarazadas y a personas con hipertensión. Recién hace dos semanas se declara la emergencia hídrica, antes hubo un desconocimiento de la crisis», continuó Piñeiro.
Ante el contexto angustiante que viven los vecinos y vecinas, manifestó que “la situación es muy crítica”, en tanto argumentó: “Uruguay cuenta con la represa de Paso Severino que puede almacenar 60 millones de metros cubito y actualmente tiene un millón 600 mil”.
Para concluir, apuntó contra la gestión de Lacalle Pou al sostener que no continuaron con proyectos a raíz de cuestiones políticas partidarias. “El gobierno no siguió con un proyecto avanzado, con financiamiento de la CAF, pero como era una obra del Frente Amplio decidieron no continuarlo».
«Sólo tenían que ejecutar la construcción de una represa para aumentar la cantidad de agua y priorizaron una iniciativa privada que es mucho más cara, endeuda a la empresa pública y amenaza con la privatización del recurso, cuando la Constitución dice con claridad que debe ser el estado el que abastezca el agua», reprochó.