La organización internacional afirmó que el caso de corrupción del exjefe de custodio presidencial dejó en evidencia debilidades del gobierno.
El escándalo de corrupción desatado en Uruguay por el caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, emitió «señales preocupantes de una crisis institucional», aseguró la organización Amnistía Internacional en su informe 2022/2023 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo,.
Según el organismo internacional, los descubrimientos que se realizaron en el marco de la investigación en contra de Astesiano son situaciones preocupantes del deterioro institucional.
«A partir de la acusación formal del jefe de seguridad del presidente por falsificación de pasaportes, salieron a la luz presuntos actos de espionaje contra dos senadores de la oposición, casos de vigilancia ilegal de civiles, así como supuestos actos de corrupción policial», señaló el informe de AI.
El exjefe de custodios presidenciales fue condenado a una pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias por todas las causas en las que se investigó.
RECLUSIÓN. El informe también criticó las «duras condiciones de reclusión» que se viven en Uruguay, país presentó la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de Latinoamérica.
«El sistema penitenciario adolecía de un grave hacinamiento y el número de personas recluidas ascendía al 120 % de la capacidad prevista», afirmó el texto.
La población de las cárceles «aumentó de forma constante» y al concluir el año fue de 14.497 personas.
Según Amnistía, Uruguay presentó la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América Latina en 2022. Los reclusos están «unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento».
DESIGUALDADES. El informe de Amnistía Internacional resalta las desigualdades socioeconómicas en Uruguay y aseguró que se «se agravaron como consecuencia de la pandemia» de la covid-19.
«Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 7,3 % de la población sufría inseguridad alimentaria grave», explicó el documento.
Asimismo, el informe destacó que Uruguay descendió 26 lugares en el ránking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 18 al 44.