Por unanimidad este miércoles la Cámara de Senadores aprobó el desafuero del senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés, acusado de varios delitos de explotación sexual de menores, en una sesión que duró poco menos de tres horas.
Los 31 legisladores presentes en la sesión aprobaron el desafuero del senador, un procedimiento necesario para que la justicia pueda investigar al dirigente acusado hasta el momento por ocho personas que lo señalan por haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores de edad.
Penadés informó este martes en un comunicado que renunció a la fuerza que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou y «a todas las responsabilidades partidarias».
Esto implica que el senador dimitió a la Convención Nacional, la Convención Departamental y la Comisión de Asuntos Internacionales del PN, según el periódico digital La Diaria. Hace un mes, el legislador había pedido licencia de todos esos cargos.
La miembro informante del oficialismo fue la senadora nacionalista Carmen Asiaín, quien hizo una alocución breve para explicar que la reserva con la que se han tratado los datos responde a “la preservación del principio de inocencia que rige hasta que la Justicia determine, previa investigación y cumplimiento de las garantías del debido proceso, lo contrario, mediante sentencia”.
“Hemos analizado los fundamentos remitidos por la Fiscalía General de la Nación con mucha atención y también con mucha responsabilidad, que se nos impone por nuestra función. Hemos analizado la fundamentación del pedido de desafuero”, señaló y informó que tras el análisis en comisión se arribó “a una conclusión por unanimidad de acceder al pedido”.
Resumió esos fundamentos en la “necesidad de diligenciar prueba anticipada y diligencias preparatorias”. “La Cámara de Senadores y la bancada del PN quieren colaborar con la Fiscalía y con el Poder Judicial en el esclarecimiento de los hechos y también habilitar que se siga investigando”, afirmó Asiaín, y recalcó que Penadés “también quiere colaborar, como ha quedado de manifiesto en la carta que remitió a los senadores”.
En esa línea, aseguró que “no existe controversia con respecto al pedido de desafuero, sí sobre los hechos imputados”. Por eso también es de su interés que esta causa “sea investigada por el sistema de justicia”.
“No es a esta cámara a la que le corresponde juzgar la culpabilidad o responsabilidad penal del senador. En ese sentido, queremos dejar muy claro que esta cámara no ejerce función jurisdiccional en este aspecto, como ha sostenido alguna opinión, sobre todo en la prensa”, continuó y remarcó que “lo que hace el Senado es levantar los obstáculos a los efectos de que el sistema judicial investigue”.
“Consideramos hacer lugar al levantamiento de los fueros del senador a efectos de que la Justicia investigue”, concluyó la legisladora.
Por su parte, el senador José Carlos Mahía miembro informante del Frente Amplio (FA) sostuvo que “no hay antecedentes en el Senado de la República de que se haya abordado un caso de solicitud de desafuero de las características que tenemos” y remarcó que la oposición votó a favor de la solicitud de desafuero.
“Estamos hablando de una figura de dilatada trayectoria en esta casa y en el PN. Como todos sabemos, lleva tres décadas en la actividad pública, y no es un legislador más del oficialismo: ha sido el principal interlocutor del Poder Ejecutivo y de la bancada de gobierno en el Parlamento ante la oposición”, recordó Mahía.
Y continuó: “En este período, para tomar dimensión del rol que le ha tocado al senador, ha presidido las comisiones más importantes: la que aprobó la ley de urgente consideración, el presupuesto nacional, las rendiciones de cuentas y la reforma de la seguridad social”. “Sin duda, es uno de los principales representantes del Gobierno”, apuntó.
El senador agregó que están hablando de acusaciones “de delitos despreciables”, y que desde la difusión de las denuncias y el pedido de desafuero el FA ha tenido “una conducta sobria, responsable y cuidadosa, tanto desde lo institucional como desde lo partidario; también en la comunicación con la sociedad”.
Asimismo, explicó que lo hicieron así por la “salvaguarda, primero, de las víctimas y también en el cumplimiento cabal de la normativa aplicable, que es la garantía para todas las partes”.
Penadés es investigado por la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, por delitos de índole sexual, tras ser acusado públicamente por la militante Romina Celeste Papasso en marzo pasado.