La fiscalía de Perú se apresta a fijar audiencia para tomar declaración al empresario ligado al oficialismo, tras imputarlo por lavado de activos por su participación en transacciones entre Odebrecht y un banco uruguayo para sobornos. Si no se presenta, podrían pedir su captura internacional vía Interpol.
La dependencia judicial peruana se apresta a fijar audiencia para tomar declaración a Ache tras imputarlo por lavado de activos por su participación en transacciones de dinero de Odebrecht mediante la Banca Privada de Andorra en Uruguay destinadas al pago de sobornos de políticos, funcionarios y ex funcionarios peruanos.
De no comparecer presencialmente, la Fiscalía de Perú prevé solicitar la captura internacional del empresario, ligado a la coalición de gobierno de Luis Lacalle Pou a través del senador Guido Manini Ríos, que además representa a la Asociación Uruguaya de Fútbol en la organización del Mundial 2030, que comparte con Argentina, mediante una alerta roja de Interpol.
Ache se notificó el 17 de mayo del delito que se le imputa en Perú (lavado de activos) a través de su defensa en ese país (Marcio Manuel Mestanza Mendoza) y también en su correo personal eachebianchi.1@XXX. Su abogado ya pidió copia del expediente y acceso a la carpeta fiscal.
Ache, asesor económico del senador Manini Ríos, designado por el gobierno para dirimir controversias en el Puerto de Montevideo y representante de la AUF en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030, fue imputado por la causa Lava Jato en Perú y está investigado por lavado de activos y blanqueo de capitales en la causa que indaga el pago de millonarias coimas. Por este delito, Ache enfrenta enfrenta una pena de 8 a 15 años de prisión.
Además la Fiscalía de Perú elaboró una orden para reclamar a Uruguay información sobre las cuentas bancarias de Eduardo Ache y un listado de sus bienes muebles e inmuebles.
Asimismo, envió oficios a Interpol Uruguay, Interpol Brasil e Interpol España para conocer todos los viajes de Ache entre 2007 y 2014.
Hay fuerte molestia en la Fiscalía de Perú porque la Justicia uruguaya no ha tramitado pedidos anteriores de cooperación sobre Ache, como ser identificación de las cuentas bancarias del economista y la constitución de la Banca Privada de Andorra en Uruguay, quiénes eran su directores, su organigrama, etc.
En otra resolución se pide asistencia judicial al principado de Andorra -sede de la Banca Privada de Andorra- y se le solicita informe de PWC sobre el funcionamiento de BPA Services en Uruguay e información sobre los procesos que mantienen contra Ache por hechos vinculados con los actos de blanqueo de dinero con la empresa Odebrecht y pide copia de las actuaciones.
Nuevas pruebas En una reciente delación de los involucrados en la trama Odebrechet se conoció que BPA, facilitó su banco en Andorra y su filial en Uruguay -de la cual Ache era presidente- para que no pasen ningún control las transferencias enviadas por la empresa brasileña para el pago de coimas. A cambio de eso, los funcionarios del BPA recibían 1% de comisión. Según la nueva documentación entregada por un testigo a la Fiscalía de Andorra a Perú, Ache está copiado en las instrucciones de pago de las transacciones de Odebrecht, Ese testigo protegido entregó los mails en los cuales aparece Ache.
“Andorra aportó suficiente evidencia contra Ache”, afirmó una fuente de la Fiscalía de Perú.
Ache, en su calidad de presidente de BPA Uruguay y otros funcionarios, de acuerdo con el dictamen de la Fiscalía de Perú al que accedió La Tapadita, “favorecieron el lavado de activos a través de apertura de constitución de sociedades, respaldos ficticios y flexibilización de compliance, en favor de los siguientes funcionarios peruanos y terceros vinculados”.
Según la acusación de la Fiscalía de Perú, “Eduardo Mario Ache Bianchi presidente de BPA Uruguay” y otros funcionarios de ese banco “permitieron que sean depositados en las cuentas del banco y a su vez sea distribuido entre los diferentes clientes presentados por la constructora (Odebrecht), a cambio de grandes comisiones”.
En ese dictamen de imputación de Ache se señala que el uruguayo, junto a los otros funcionarios de la Banca Privada de Andorra “favorecieron e impulsaron (…) los actos de lavado de activos incurridos por los funcionarios peruanos, quiénes recibieron pagos ilícitos (sobornos) de Odebrecht) en forma de transferencias en cuentas off shore suministradas por BPS Services”.
Mediante la compra de voluntades de funcionarios peruanos, Odebercht obtenía millonarios contratos para la construcción y concesión de gasoductos, el Metro Lima, la ruta Interoceánica entre Perú y Brasil, entre otros.