Tras la aprobación de una ley sobre los archivos de la dictadura, el gobierno uruguayo ha anunciado la contratación de expertos para analizar detalladamente estos documentos antes de su divulgación al público. Sin embargo, esta medida ha desatado críticas de diversos sectores, quienes cuestionan la difusión de su contenido.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permitirá la publicación de miles de archivos producidos durante la última dictadura cívico-militar, aunque con algunas modificaciones. La ley establece la creación de una sección en el Archivo General de la Nación destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos a este período oscuro de la historia del país.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, surge como respuesta a la aparición anónima de miles de archivos en internet el año pasado, lo que generó una profunda controversia. Sin embargo, la implementación de esta ley ha generado preocupación entre algunos sectores, especialmente en lo que respecta a la protección de datos sensibles contenidos en los archivos.
La diputada del Frente Amplio, Verónica Mato, explicó durante una sesión extraordinaria las razones detrás de su voto en contra de la ley. Se refirió a las preocupaciones expresadas por expertos en el campo de los derechos humanos y la archivología, quienes han manifestado inquietudes sobre la protección de la privacidad y la dignidad humana en la divulgación de estos documentos.
Asimismo, la activista por los Derechos Humanos, Victoria Rodríguez, expresó su desacuerdo con la iniciativa, argumentando que los archivos no contienen toda la verdad sobre el período de la dictadura y que podrían revictimizar a quienes sufrieron bajo el régimen. Rodríguez, hija de una ex presa política, también señaló que los archivos podrían contener información sensible que afectaría a familiares de las víctimas.
Ante estas preocupaciones, el ministro Pablo da Silveira anunció la contratación de archivólogos para realizar un inventario completo de los documentos existentes. Además, destacó la necesidad de una visión de conjunto antes de tomar decisiones sobre la divulgación de los archivos.
La nueva ley establece que el acceso al contenido será libre, pero se mantendrá en reserva información relacionada con la vida privada, la dignidad humana y el entorno familiar de los individuos, así como cualquier dato sensible o que pueda afectar a terceros. Sin embargo, estas disposiciones no han logrado calmar todas las críticas, y el proyecto fue aprobado únicamente con votos del oficialismo en el Parlamento.