El PIT-CNT se movilizó frente a la Embajada de Argentina para respaldar el paro general lanzado en el país vecino y manifestar su “profundo rechazo” con las medidas que adoptó el presidente de ultraderecha Javier Milei en sus primeros días de gobierno.
El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, consideró que el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la extensa ley de Bases que impulsa Milei “son de desregulación laboral y son antidemocráticas y, en la medida que limitan el ejercicio de los derechos y las libertades democráticas, están perforando la normativa laboral del Mercosur».
Tras la marcha por las calles de Montevideo, que incluyó a unas 300 personas, Abdala aclaró que la preocupación “no es solamente solidaria” con la CGT del país vecino, al recordar que “en Argentina viven muchos uruguayos».
Finalmente, representantes del PIT-CNT se reunieron con el jefe de Cancillería de la embajada uruguaya, Luis Albero, a quien le entregaron un documento sobre el “profundo rechazo” a las medidas del Presidente argentino.
La central sindical uruguaya expresó en el comunidado el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de ley ómnibus, al considerar que esas iniciativas “violan los principios de división de poderes, los principios democráticos y el correcto funcionamiento de las instituciones y la norma constitucional”.
Entre las medidas que “afectan de manera sumamente negativa a los trabajadores”, el PIT-CNT destacó que el DNU “impone fuertes límites al ejercicio del derecho de huelga y a la realización de asambleas sindicales; amplía el período de prueba de 3 a 8 meses; permite desregular la jornada laboral y se modifica la regulación de las horas extras”.
A su vez, lamentaron que “facilita la tercerización y la intermediación laboral; reduce la indemnización por despido; debilita la ley de contrato de trabajo al reducir su aplicabilidad; elimina multas por empleo no registrado y por la falta de pago de las indemnizaciones”.
Con respecto a la ley ómnibus, lamentaron que “incluye una modificación del Código Penal que lleva la criminalización de la protesta social a niveles no vistos desde la última dictadura militar, entre las medidas claramente destinadas a limitar la acción sindical”.
“Manifestamos nuestro profundo rechazo a las medidas que el gobierno ha impuesto contra la clase trabajadora y los sindicatos, además de configurar un antecedente regional en materia de una clara violación a los derechos laborales, sociales y sindicales”, sentenció la entidad que conduce Abdala.
Y concluyó: “Por lo tanto, peticionamos al gobierno argentino que priorice de manera urgente el diálogo social amplio y democrático para analizar y definir las mejores medidas que incluyan y promuevan la participación del pueblo argentino”.