La Cámara de Diputados aprobó anoche por unanimidad la ley de financiamiento de partidos políticos de Uruguay, pero regresará al Senado tras sufrir cambios en el articulado, los cuales deberán ser refrendados.
Tras una gran cantidad de reuniones, asociaciones, idas y vueltas entre los legisladores de los diferentes partidos —y con el acuerdo inédito entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente para la conformación del proyecto, al que se le sumó el apoyo de Cabildo Abierto—; finalmente la Cámara Baja aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos, un mes dentro del año electoral.
Se trata del avance más importante que un proyecto que gira en torno a reglas claras de financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales tuvo en dos legislaturas. Y pasará al Senado con votos de todos los partidos, tal y como se buscó desde un primer momento.
La normativa incluye, entre otras cosas, la bancarización obligatoria de todos los aportes mayores a 7 mil Unidades Indexadas (UI), topes para los aportes que cada candidato puede hacer a su campaña, un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a que también los votos para los municipios conlleven un pago del Estado y otro que autoriza hasta casi triplicar el monto que actualmente puede dar el Estado por voto a intendente —pasa de 13 UI a 35.
Durante el martes, los artículos problemáticos fueron los referidos a la publicidad electoral en medios de comunicación; principalmente, a la distribución de minutos gratuitos y la posibilidad de establecer una compensación para los canales.
En este sentido, Cabildo Abierto había propuesto extender las tandas de 15 minutos durante las campañas —como hoy habilita la ley de medios— a 20 minutos, y que la mitad se distribuyera de manera gratuita entre los partidos. A cambio de garantizar su apoyo a la habilitación de aportes privados por parte de las empresas, el Partido Colorado y el Partido Independiente aceptaron esta incorporación que trajo problemas, luego, con el Partido Nacional.
La fórmula negociada en la coalición terminó siendo la de facultar al Poder Ejecutivo a «establecer las contraprestaciones pertinentes», considerando «los precios de referencia pagados en los 12 meses anteriores a la elección interna por parte de los entes autónomos y servicios industrializados» a cada medio de comunicación audiovisual. Los frenteamplistas no acompañaron la idea de compensación.
Ahora será el turno del Senado de ratificar o volver a modificar el proyecto, resolviendo las cuestiones que quedaron pendientes en la Cámara Baja.